Políticas de reforma estatal 2

Otro enfoque analítico observa que existen políticas públicas que surgen como expresión de una declaratoria de intenciones (conjunto de promesas y compromisos de acción). Los gobernantes declaran su intención de incidir en una cuestión, pero luego no realizan las acciones necesarias. También pueden observarse políticas que aparecen como un proceso de conversión (movilización de recursos para el logro de objetivos políticos). (Martínez Nogueira, 1997).Principales enfoques conceptuales en las etapas de desarrollo de las políticas públicas.Existen enfoques que privilegian la etapa de la formulación de las políticas públicas, es decir, la negociación en la arena política, la definición de los objetivos y los aspectos legales, etc. Otras perspectivas privilegian, en cambio, las etapas relativas a la implementación. Una tercera perspectiva plantea el problema de la medición de los efectos de las políticas.
Otro enfoque analítico privilegia el estudio del conjunto de productos, resultados e impactos que resultan de la implementación de las políticas. Esta definición pone énfasis en las consecuencias de la política. Este aspecto se vincula con las políticas que hacen a la modernización de la administración pública.
Entendidas como ciclo de acción, las políticas gubernamentales constituyen un proceso, que en sus distintas etapas, requiere actividades de formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y eventualmente de la reformulación de objetivos y acciones. (Martínez Nogueria1997)Los distintos momentos de las políticas públicas, entendidas como ciclo de acción, son objeto de análisis y tratamiento metodológico, desde las diversas perspectivas teóricas. El análisis científico contribuye a la toma de decisiones gubernamentales adecuadas en un sistema democrático y permite transparentar el accionar estatal. También genera conocimientos sobre el proceso social y la atención sobre los problemas sociales identificando los intereses, necesidades, perspectivas valorativas y aspiraciones de los actores sociales. Y en los procesos organizacionales que implican el mejoramiento de la calidad de las decisiones, del planeamiento y del fortalecimiento de la gestión. (Martínez Nogueira, 1997).Nuestro marco conceptual privilegiará este último enfoque. El ciclo de acción de las políticas permite observar los principales momentos de su desarrollo. La descripción y estudio de estos momentos se complementará con el análisis basado en los conceptos explicitados en este marco conceptual.
 C) El proceso o el ciclo de acción de las políticas públicas.La definición del Problema o de la CuestiónLas necesidades y demandas de la sociedad hacia el Estado son siempre mayores a las capacidades y recursos disponibles. Por lo que las cuestiones son solo las demandas y necesidades “socialmente problematizadas”. Los diferentes actores afectos en el surgimiento y desarrollo de la cuestión toman una postura frente a la misma. Esta toma de posición impacta en la arena política. También puede ocurrir que ni el Estado ni los actores sociales estimen necesaria la intervención pública (Oszlak y O’Donnell, 1981).

“Una política estatal es esa toma de posición que intenta - o dice intentar- alguna forma de resolución de la cuestión. Por lo general, incluye decisiones de una o más organizaciones estatales, simultáneas o sucesivas a lo largo del tiempo, que constituye el modo de intervención del estado frente a la cuestión. De aquí que la toma de posición no tenga por que ser unívoca, homogénea ni permanente. De hecho suele ser todo lo contrario”. (Oszlak y O’Donnell 1981)
         El “conflicto de políticas” puede atribuirse a la presencia, dentro del aparato estatal, de unidades con un variable grado de autonomía, y capaces de influir en las diversas instancias del proceso. Pueden entrar en conflicto cuando debe definirse la posición del estado frente a una cuestión social. Desde esta perspectiva, el conflicto no es inherente a la toma de posición del estado sino producto del enfrentamiento entre algunas de sus unidades, obedeciendo a intereses organizacionales y clientelísticos contradictorios. Las tomas de posición del Estado frente a una cuestión son vistas como importantes por los diversos actores sociales y en ese sentido constituyen “puntos o nudos” en la secuencia de las interacciones.  (Oszlak y O’Donnell 1981)
La Formulación y Sanción de la política
La formulación es el resultado de estimaciones y la previsión del curso de acción futuro. La política acciona en el devenir, se formula a partir de un presente que ya es pasado, pero debe estimar el curso de acción futuro. Este problema implica basarse en diagnósticos científicos y técnicos, en la negociación de objetivos con base valorativa que buscan incidir en el futuro. El problema del futuro es que no es previsible, por lo que el papel de la política pasa a ser central en el problema de la formulación de los programas gubernamentales. A partir de los datos de un presente ya pasado se debe incidir en un futuro o devenir. El denominado proceso de globalización plantea el problema de la sustitución de las regulaciones estatales de largo plazo (fordismo) por el concepto de “flexibilidad”.
En las últimas tres décadas se ha desarrollado, tanto en el ámbito académico como en el político, un profundo debate acerca de cuál es el método más apropiado para lograr resultados efectivos en la toma de decisiones gubernamental.La sanción de la política implica un momento de decisión que distribuye responsabilidades, capacidades y recursos para su futura implementación. En este aspecto es importante observar la relación entre los tres poderes del estado democrático en la formulación y sanción de las políticas estatales.
Los factores que inciden sobre una decisión, sean gubernamentales o de cualquier otro orden, son innumerables. Por lo tanto, la discusión acerca de cómo abordar apropiadamente el proceso de toma de decisiones generó distintas perspectivas teóricas, en ocasiones, claramente opuestas.El análisis y estudio de la toma de decisión gubernamental y de su consiguiente estrategia frente al cambio resulta de utilidad metodológica para definir la formulación y sanción de la política gubernamental a estudiar. Entre los enfoques teóricos existentes, tendremos en cuenta a las concepciones Racionalista, Incrementalista y la de Exploración Combinada.La “Concepción Racionalista” establece que una vez que el decisor toma conocimiento de un problema, define claramente una meta y analiza exhaustivamente los medios alternativos para alcanzarla. Luego escoge entre ellos de acuerdo con una estimación de sus cualidades, en referencia al estado de cosas preferido y se procede a generar un cambio “inmediato” y previamente definido.
En cambio, el “Enfoque Incrementalista”, busca adaptar la estrategia de toma de decisiones a las capacidades siempre limitadas de los decisores reduciendo el espectro y el costo de la búsqueda de la información. En lugar de intentar una revisión exhaustiva de las alternativas, centra su atención solo en aquellas políticas que difieren incrementalmente de las políticas existentes. Es decir, el problema al que se enfrenta el decisor es constantemente redefinido, por lo tanto no existe una sola decisión “correcta” del problema, sino que se llevan a cabo ajustes permanentes entre los fines y los medios y viceversa. (Lindblom. 1996)Llevado directamente al plano político, el Incrementalismo permitiría generar cambios importantes y que suelen ser bastante indirectos y sorpresivos para muchos participantes del sistema político. Ahora bien, cuando los resultados de las políticas pasadas son indeseables (inflación, desocupación, crisis social) sería preferible asumir el riesgo de tomar decisiones radicalmente nuevas. Como señala Dror (1996) “En condiciones de estabilidad política y económica la rutina es con frecuencia la mejor política, y como el cambio ocurre lentamente la estrategia incremental suele ser óptima. Pero aún en las sociedades más estables, muchos de sus problemas cualitativamente más importantes, se relacionan con cambios rápidos en los niveles de aspiración y en los medios disponibles de acción, razón por la cual se requiere otro método de toma de decisiones”. (Dror, 1996)Las limitaciones y ventajas de ambos modelos pueden llegar a ser complementarias, creando el espacio para un tercer enfoque creativo y pragmático a la vez. Se trata de lo que Etzioni (1996) denomina “Exploración Combinada”. Este enfoque señala que las decisiones fundamentales o racionales marcan, frecuentemente, el contexto de las incrementales, y a su vez las decisiones fundamentales suelen ser “preparadas” por las incrementales con el fin de evitar que la decisión última cause una transformación violenta. Es decir, desde esta perspectiva, los pasos precedentes son inútiles si no conducen a decisiones fundamentales, y lo pasos incrementales posteriores son ininteligibles sin las decisiones fundamentales.
En definitiva, en el marco de este último enfoque, el incrementalismo reduce los aspectos no realistas del racionalismo, limitando los detalles en las decisiones fundamentales, y por otra parte, la contextualización que impone el racionalismo permite que se superen los aspectos conservadores del incrementalismo explorando las alternativas de largo alcance.La ImplementaciónEsta dada por el conjunto de las acciones necesarias para el logro de los objetivos formulados. Implica la movilización de los recursos materiales y humanos en el ámbito de gobierno y de la administración pública y afecta al ámbito privado. Implica preguntarse cómo se hace y cuánto cuesta.Entre los diversos modelos analíticos sobre la cuestión se destacan el modelo Lineal de Implementación y el modelo Interactivo.El modelo Lineal de Implementación, implícito en muchos proyectos de reforma, es un modelo del proceso político claramente lineal. De acuerdo a esta perspectiva una reforma se instala en la agenda gubernamental, se toma una decisión de llevarla a cabo, y por lo tanto una nueva política se implementa exitosamente o no. La toma de decisión es considerada el factor crítico de este proceso y el foco de atención de los policy makers, mientras la implementación es casi ignorada o considerada responsabilidad de otro grupo, los implementadores. (J. Thomas y M. Grindle 1990)En el Modelo Interactivo se plantea que el proceso y el rol de la implementación son diferentes del Modelo Lineal. La implementación es a menudo un aspecto crucial del proceso de formación de la política, y sus resultados son altamente variables. La variación de estos resultados, deriva del hecho de que la implementación es un proceso interactivo y continuo de decisión, tanto para las elites políticas (actores que ocupan cargos de responsabilidad política y por lo tanto toman decisiones) como para los managers o implementadores, en respuesta a las reacciones actuales o anticipadas a las iniciativas reformistas.
Se entiende al proceso de cambio político, conformado por las acciones de individuos ubicados estratégicamente, para influir en un cambio en particular. Mientras un cambio puede tomar direcciones inesperadas, es un proceso que puede ser influenciado por elites políticas y managers y no está determinado por fuerzas impersonales.Desde esta perspectiva, el proceso de implementación de una política de reforma es visto como interactivo, más que lineal. Se parte del supuesto de que un estado de equilibrio rodea a un conjunto establecido de políticas. Este equilibrio resulta de la aceptación de un acuerdo institucional o político existente, establecido por aquellos que se encuentran afectados positiva o negativamente por este. (Strom Thaker 1997)
El resultado de algunas reformas esta ampliamente determinado por como las agencias burocráticas, las autoridades públicas, y las rutinas administrativas responden a estos cambios. En algunos casos, las características de las reformas significan que tales agencias, autoridades y rutinas sustentadas, formaron, alteraron o reformularon los cambios. En estos casos, los resultados no tienen un impacto directo en amplios sectores de la población y no son rápidamente perceptibles al público. (J. Thomas y M. Grindle 1990)Consecuencias o Resultados.
Se refieren a los impactos de las políticas. Estos pueden ser de diversa naturaleza. Comprende a los diversos aspectos observables como regulaciones, servicios públicos, productos materiales, etc. Esta dimensión es la de más difícil medición y evaluación. Implica entre otras preguntas, ¿Cuál es el impacto? ¿Se pueden identificar efectos no buscados? ¿Qué efectos políticos ha desencadenado la política pública?
Cada toma de posición del Estado frente a la cuestión genera impactos que realimentan el proceso y lo llevan a nuevas situaciones que generan nuevas políticas. La complejidad de los impactos de las políticas estatales vuelve muy difícil su medición y estudio. (Oszlak y O’Donnell 1981)
La ReformulaciónA lo largo de la implementación se supone que se monitorea el resultado parcial de las políticas. La reformulación implica la idea de una constante corrección de los cursos de acción y de los recursos necesarios para el logro de los objetivos centrales. Esta cuestión da lugar a distintas concepciones acerca del planeamiento estatal. En este aspecto, cabe destacar el problema del pasaje de un planeamiento de largo plazo propio de la etapa fordista*[1] a un planeamiento que intenta incorporar reglas de flexibilidad adaptables a cambios de corto plazo impuestos por el denominado proceso de globalización.
ConclusionesEl abordaje del estudio de los procesos de reforma estatal es un proceso de investigación complejo desde la perspectiva teórica y complicado desde el tratamiento de las fuentes para la obtención de los datos.
En el caso de América Latina la cuestión se complejiza respecto al estudio del tema en los países centrales. Mientras que en estos casos se puede plantear el pasaje de un Estado “weberiano” a un modelo “flexible” y de adaptación institucional a los cambios y nuevos escenarios o en términos de “crisis del Estado de Bienestar”, en América Latina intervienen otros factores. Entre ellos, podemos señalar la cuestión de los procesos de “transición democrática”, la cuestión de la previa existencia de modelos de bienestar o de estructuras weberianas, el papel de las características de las crisis fiscales y de sus recurrencias junto a la permanente cuestión de la “convergencia” o de los procesos de “desarrollo”.De allí que las teorías presentadas y sus categorías de análisis solo nos permiten un primer acercamiento a la cuestión. Sí, nos facilitan una primera clasificación de los hechos y nos permiten reflexionar y construir matrices categoriales específicas que nos permitan comprender en mayor medida y determinar el real alcance de las políticas de reforma formuladas en Argentina durante los últimos veinte años.Otro problema de método se refiere a la cuestión del tratamiento de las fuentes. El principal problema refiere a la confiabilidad de los datos presentados por los organismos estatales y complementariamente a las “lógicas” con que se los realizan.Un primer abordaje para conocer la política de reforma estatal en su conjunto es relevar y sistematizar el marco normativo que inicia el ciclo de formulación e implementación de la política. Pero esta fuente de datos también presenta numerosos problemas. Sin agotar la cuestión, podemos señalar que las normas una vez sancionadas pueden no estar vigentes, o por efectos de su reglamentación ser de alcance parcial o por otras normas ser constantemente modificadas. La otra cuestión refiere a su real grado de implementación. La autoridad de aplicación puede evidenciar notorias dificultades de implementación de la normativa por dificultades externas e internas. Aún más compleja es la cuestión de los resultados y en especial de los impactos. En esta cuestión es más eficaz el análisis “focal” de cada política específica ya que se deben obtener tanto datos cualitativos como cuantitativos que requieren un tratamiento particular, tanto en función de su real existencia como de su confiabilidad y homogeneidad. 
De todos modos abordar el estudio de la política de reforma estatal en su fase de formulación sistematizando conceptualmente su abordaje y construyendo un sistema categorial de clasificación junto al relevamiento de las profusas normas propuestas continúa siendo un problema metodológico relevante en América Latina y en especial en nuestro país para el estudio de la reforma estatal desde una visión global o totalizadora.
Segunda parte:
La Política de Reforma del Estado en ArgentinaIntroducción         La crisis del Estado constituyó uno de los principales problemas para el régimen democrático argentino durante la década del 80. La negativa situación fiscal y monetaria fue la expresión más visible de los desequilibrios heredados de la “Dictadura Militar” de los años 1976 a1983. El Estado en esa  década cristalizaba una serie de desajustes sobrepuestos y no resueltos, originados principalmente en las políticas desarrolladas durante los veinte años anteriores: Estado burocrático-autoritario, crisis de la deuda externa e interna, del sistema previsional,  de las empresas públicas,  del sistema educativo y del sistema de salud. La profundidad del desequilibrio era tal, que el Estado era incapaz de regular el signo monetario al punto que la disolución de la moneda nacional en los años 1989 y 1990 derivaron en graves hechos de violencia social, crisis de legitimidad estatal y expropiaciones en los ingresos salariales y de los ahorros de los ciudadanos.La primera propuesta de reforma en la etapa democrática, se diseñó en el gobierno del Raúl Alfonsín. Persiguió objetivos de gran alcance, ya que la reestructuración y modernización del Estado no podía desvincularse de un cometido central como era la iniciativa de traslado de la capital de la república a Viedma (Río Negro), impulsada por el Presidente Alfonsín a partir del año 1986. Esta iniciativa, junto a la Reforma Estatal, la Reforma de la Justicia y la Reforma Constitucional, conformaría uno de los pilares esenciales para la fundación de la “Segunda República”, como transformación necesaria para recomponer el sistema político y democratizar las relaciones entre el Estado y la sociedad. Con la vigencia del Plan Austral, a fin de resolver el déficit fiscal se impulsó la denominada desde entonces, la Reforma del Estado. Esta tuvo el apoyo del FMI y el BIRF, pero la crisis del plan impidió impulsar estas medidas. Entre ellas se impulsaron las privatizaciones de empresas que el Estado había tomado a su cargo ante situaciones de quiebra (Siam Di Tella, Opalinas Hurlingam, etc.), las privatizaciones fallidas de Aerolíneas Argentinas y de ENTEL. En cambio, se privatizaron el Registro Automotor y la telefonía celular.
         En las dos últimas décadas el Estado argentino sufrió un proceso de cambio estructural basado en la democratización de sus estructuras de gobierno y en una reforma fiscal que buscó reformular sus funciones y modernizar su gestión.
         La década del 90 marca el inicio de una profunda reforma y ajuste del aparato estatal y de las políticas públicas, centradas en la desregulación económica, inspirada en la denominada “Nueva Política Económica” impulsora del neoliberalismo económico.
Desde 1989 se implementaron la Reforma Estatal y Económica cuyos objetivos fue resolver la crisis fiscal y reformular las funciones y regulaciones estatales. A estas reformas denominadas de "Primer Generación" o de reforma estructural le siguieron reformas de "Segunda Generación" que tienen por objetivo modernizar la administración pública e institucionalizar el accionar estatal.La reforma fiscal y de la estructura administrativa resignificó los roles estatales y los conceptos de equilibrio fiscal junto a los de la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa. Estas reformas estuvieron influenciadas por el denominado "Consenso de Washington", por las políticas de los organismos multilaterales y por experiencias de países desarrollados.
Estos objetivos en la transformación del Estado fueron impulsados y apoyados por los organismos multilaterales de crédito (FMI y BIRF) y por organismos internacionales como el CLAD en América Latina. En el caso Argentino, estas transformaciones se realizaron en el contexto de crisis fiscales profundas y recurrentes. Las cuales facilitaron los aspectos referidos a las políticas de ajuste fiscal, pero a su vez, limitaron los cambios referidos a la denominada “modernización administrativa” y al fortalecimiento de la eficiencia de sus recursos humanos.
         La primer reforma del Estado priorizó el ajuste de las cuentas públicas y la desregulación del sistema económico.  Las Leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado fueron la base de las políticas de privatizaciones de las empresas públicas y de la venta o concesión de bienes del Estado, de desregulación de distintos mercados (implicó la eliminación de numerosos organismos estatales: Junta Nacional de Granos, de Carnes, etc.), del proceso de descentralización de actividades y bienes del Estado Nacional a los estados provinciales (sistema educativo, puertos, empresas e inmuebles).         En 1991 el Plan de Convertibilidad estableció un nuevo régimen regulatorio del sistema monetario y llevó a cabo una profunda reforma del sistema tributario y del gasto público ante la necesidad de mantener constante el equilibrio fiscal. Los estados provinciales  debieron ajustar las cuentas fiscales e iniciar un proceso de privatización de sus bancos, de sus empresas de servicios públicos y de finalidad económica y de transferencia de las cajas previsionales al Estado Nacional (ANSeS). El Estado Nacional renegoció la deuda externa en cesación de pagos (Plan Brady) y mediante la Ley de Consolidación de la Deuda buscó resolver (mediante la emisión de bonos) la deuda interna originada en los años setenta y ochenta.         Simultáneamente comenzaron a desarrollarse políticas de modernización organizacional de la Administración Pública Nacional. La Ley de Administración Financiera diseñó una nueva programación presupuestaria y  nuevos sistemas de control. Se estableció un  nuevo sistema de carrera del personal público.         La crisis del régimen previsional  (Cajas previsionales nacionales y provinciales) dio lugar a una profunda reforma del sistema basada en el surgimiento de las AFJP y la transferencia de las cajas provinciales al Estado Nacional, entre otros aspectos.         En tanto las tradicionales políticas públicas comenzaron a observar un profundo cambio cualitativo basado en la concurrencia del sector público y del privado en los servicios públicos. Se transformó el modelo de la educación pública, del sistema de salud, de las regulaciones laborales e incluso en el sistema judicial. Varias de estas políticas están en proceso de ejecución, en tanto otras áreas gubernamentales comienzan a diseñar cambios cualitativos (sistema de control impositivo, política de defensa, de seguridad interior, etc.).
El proceso de democratización del Estado se inició en 1984 y tiene un punto culminante en la Reforma Constitucional de 1994.
La Reforma de la Constitución Nacional sancionó normas que implicaron profundos cambios en la relación entre los tres poderes del Estado Nacional y de éste con los estados provinciales. También surgieron los sistemas extrapoder (Defensor del Pueblo, Procurador General) y nuevos derechos ciudadanos que modifican la relación Estado-Sociedad. Aún, están pendientes leyes reglamentarias de la reforma constitucional junto con las normas vinculadas a la reforma política actualmente en agenda (Acuerdo Federal 2002).
       
         En 1996 comienza a desarrollarse la Segunda Reforma del Estado con dos objetivos básicos: el mantenimiento del ajuste fiscal y el rediseño del aparato estatal. Por un lado se redujo la estructura jerárquica y por otro lado, se reorganizaron las competencias de la estructura jerárquica ministerial resultante. La reforma supone, entre otros aspectos, una profunda reorganización del sistema de defensa y de seguridad interior. También contempla la redefinición de los sistemas de carrera o escalafonariorios de los agentes públicos en todas las áreas. La administración descentralizada es afectada con la fusión de organismos y la eliminación de otros, con la consiguiente reducción de su personal.         A fines de 1999 se inicia una tercera fase de la reforma y modernización estatal que culmina en el 2001. Consistieron principalmente políticas de ajuste fiscal con nuevas reducciones de empleo público y en el diseño de los programas de reforma administrativas formuladas en la Ley de Solvencia Fiscal y reglamentadas por el Decreto 103/01.Estas políticas de reforma estatal, mostraron una continuidad, más allá, de las particularidades de cada gobierno entre los años 1986 al 2001. La crisis de los años 2001 y 2002 parecería mostrar un punto de inflexión en las “lógicas” políticas que las impulsaron. En la actualidad puede observarse que, en la agenda política las distintas dimensiones de la reforma estatal continúan siendo temas relevantes y de importancia para la opinión pública. El proceso de ajuste y reorganización del Estado Nacional y de los estados provinciales y municipales no puede observarse como un fenómeno concluido o transitorio. Es una política de largo plazo que implica una sistemática reorganización del Estado, de sus poderes y de sus distintos niveles y el diseño de  nuevas competencias y políticas. La cuestión fiscal de la Nación y de las provincias y municipios sigue siendo en la actualidad un eje central de política y las transformaciones constitucionales, organizacionales y de recursos humanos siguen normativamente vigentes. La cuestión específica del caso argentino, que es la democratización de las prácticas estatales, en cambio, parece tener una mayor relevancia desde la crisis del año 2001.   
El presente estudio se centra en la etapa de la formulación en el análisis de las políticas públicas. Se procura relevar en forma exhaustiva a las políticas de reforma estructural y de modernización administrativa del Estado Nacional en el periodo democrático iniciado a fines de 1983 hasta la actualidad.Estas dos dimensiones de la política de transformación estatal se basan en la propuesta del CLAD y en consideraciones teórico-conceptuales. Oszlak (1999) define en términos generales a la reforma administrativa como un esfuerzo sistemático y masivo orientado hacia la transformación de ciertas características del aparato del Estado con la intención de dotarlo de mayor eficiencia y eficacia. Para abordar las distintas medidas y planes elaborados a tales efectos, en la investigación se distinguirán dos niveles de análisis:
a)           Macro-organizacional: consistente en reformas constitucionales, cambios en las leyes de ministerios, planes de gobierno (de desarrollo, de seguridad, de privatización, etc.). En este grupo se nuclearán también todas aquellas medidas orientadas a una “refuncionalización” del aparato estatal - Reforma del Estado, “corrimiento de las fronteras” entre éste y la sociedad (Oszlak, 1993)-.
b)           Micro-organizacional: Aunque puede estar ligado al anterior o ser un desprendimiento, este nivel hace referencia a las medidas explícitas de ordenamiento y “racionalización” de órganos de la administración central, empresas estatales, organismos descentralizados, proyectos de capacitación y/o profesionalización de los agentes públicos, etc. Siguiendo a Oszlak (1993), este nivel correspondería a las Reformas Administrativas, es decir, hacia el interior del propio aparato estatal –aunque no por ello inocuas para la sociedad.
Sobre la base de estos antecedentes hemos confeccionado una clasificación de las principales dimensiones de la cuestión ordenadas en un orden cronológico anual y por los períodos gubernamentales. Las dimensiones propuestas son las reformas macroestructurales y las reformas constitucionales y organizativas. Esta última a su vez se divide por las reformas de 1986 a 1996, la reforma constitucional, la segunda y tercer reforma organizacional y la etapa 2002 al 2005. En el caso del empleo público que, si bien es un aspecto de la cuestión organizacional, confeccionamos una recopilación específica.
Como hemos señalado, nos centramos en la etapa de la formulación de la política pública de reforma y en esta dimensión en el dato normativo. Se busca recopilar, ordenar y sistematizar las leyes, decretos y principales resoluciones de estas políticas. Ello permite observar los objetivos, alcances y diseño de los posibles resultados propuestos originalmente. La recopilación normativa se clasifica según las dimensiones y subdimensiones propuestas principalmente en un formato que permita ser un insumo de información de alcance amplio y un insumo para tareas de estudios e investigación. Para ello, las mismas normas se simplifican en su estilo narrativo y se resumen a fin de facilitar la lectura de un público más amplio que el del ámbito del derecho. El resumen se limita a lo que consideramos, desde esta perspectiva, a eliminar los aspectos accesorios de las normas originales a reescribir su texto a fin de facilitar la lectura de los aspectos centrales. Este resumen, sin embargo, es extensor ya que se pretende mantener los artículos relevantes para mantener su calidad documental. Esta base de datos normativa puede también derivar en un ordenamiento documental en soporte electrónico que incluya la disponibilidad de las normas originales ordenadas por la clasificación propuesta.   
Las cuestiones fiscales, junto al endeudamiento público, el abandono del Estado empresario, la transferencia de competencias, organismos y recursos a las provincias, las desregulaciones estatales y las cuestiones relacionadas con las micro reformas administrativas, incluidas las relacionadas con el empleo público,  presentes en la etapa democrática de las últimas dos décadas, además de mantener cierta continuidad a pesar de los distintos cambios gubernamentales, han transformado la organización estatal argentina en sus distintas jurisdicciones en tal magnitud que, aún hoy su análisis y prognosis resultan por lo general generalistas, parciales y limitados en sus datos empíricos. Lo señalado no pretende desmerecer importantes estudios desarrollados en las últimas décadas. Por el contrario, estos contribuyen en analizar los principales problemas y en sistematizar valiosos datos parciales.
La magnitud de esta cuestión, aún todavía escasamente estudiada y debatida, pese al alcance de la crisis estatal y de las transformaciones sufridas en sus roles y estructuras organizacionales y sus efectos e impactos en la sociedad adolece del problema de la obtención de datos empíricos cuantitativos y cualitativos de significación, certeza y calidad que permitan fundamentar el abordaje del problema.
Este estudio apunta a contribuir a aportar a una dimensión empírica del problema, en la etapa de formulación, que es el dato cualitativo de la normativa. El tratamiento de estos datos pretende ser exhaustivo, sistemático y clasificado. Su otro objetivo es que por su formato sea accesible tanto para la ciudadanía y por los interesados en el tema manteniendo una calidad empírica que constituya un insumo relevante para los estudiosos del tema.

La clasificación propuesta y las características centrales de la base de datos en confección son las siguientes:1)     Políticas Macro de Reforma de roles estatales y de ajuste fiscal
Comprende dos aspectos centrales: a) la emergencia económica y b) la cuestión fiscal y las reformas entre la Nación y las provincias.  Las emergencias económicas se registran en todos los gobiernos de la etapa democrática y tiene por objetivos resolver los desequilibrios fiscales y formular los objetivos de las políticas económicas incluidos los aspectos financieros y laborales. Suelen constituir la base jurídica que da lugar a la implementación de una nueva política económica.
Con el Plan Austral se declara la emergencia del sistema previsional y financiera. También se arriba a un acuerdo de Coparticipación Federal de Impuestos aún vigente, pero con importantes modificaciones desde entonces. Desde la ley de Emergencia Económica de 1989 se han dictado otras en el año 2000 y la vigente del año 2002. Esta última, transforma cualitativamente objetivos del año 1989 abriendo un nuevo ciclo económico y de reforma estatal. Estas normas tiene por objetivos tratar los sistemas impositivos, las deudas públicas, las regulaciones financieras, de mercados y laborales y las privatizaciones de las empresas públicas. Cada una de estas leyes requirió un gran número de normas reglamentarias que tratan las distintas temáticas tratadas en los fundamentos y objetivos de las mismas.
El otro aspecto de la reforma macro estructural se refiere a las relaciones entre la Nación y los estados federales que comprenden también y amplio espectro de competencias y temas. Estas se refieren a los aspectos referidos a la cuestión impositiva y de regalías, a las cuentas presupuestarias, a las deudas entre ambas jurisdicciones, a las transferencias de competencias entre ambas y a las reformas planteadas en los distintos acuerdos federales que se suceden desde 1988 al año 2005.     
2)     Reforma Organizacional y Modernización Administrativa
La política de transformación de los aparatos administrativos del Estado Nacional también se inicia entre los años 1984 y 1989, pero adquieren una clara entidad conceptual entre 1989 y el 2001. Estos se refieren a un aspecto macro referido a los roles del Estado y a la concepción de las políticas públicas y se centran en los conceptos de eficiencia y eficacia, siendo el primero el más relevante debido a la permanente situación de emergencia central. Las lógicas de los ajustes recurrentes apuntan a la “racionalización” de los recursos y pasan a segundo plano las prioridades de los objetivos-productos. 
Respecto a los roles del Estado los mismos se retraen a las competencias monopólicas del Estado centradas en la defensa, la seguridad interior, la justicia, la administración impositiva y las relaciones exteriores. El Estado empresario abandona su participación mediante las concesiones, ventas y transferencias al sector privado, sindical y a las provincias en algunos casos. También, por cuestiones de emergencia se procedió al cierre de numerosos organismos estatales de regulación económica y a la liquidación contable de numerosos entes reguladores, financieros, productivos y de servicios. Junto a ello, se transfirieron agencias y personal de los servicios educativos, de salud y de algunas empresas a los estados provinciales. La descentralización de los servicios a las provincias se complementó con la tercerización de los servicios de apoyo a la gestión como el personal afectado a servicios de limpieza, vigilancia, de seguros y beneficios laborales y pago de salarios. Esto derivó en una extraordinaria reducción del empleo público nacional cuyo monto y costos aún hoy son de dificultoso análisis por los datos disponibles.Las reformas señaladas, junto a otras, se basan en los fundamentos de la denominada primer Ley de Reforma del Estado que establece las bases jurídicas de las políticas públicas no monopólicas. Estas reglamentan la concurrencia, en la prestación de los servicios públicos y de otras políticas, del Estado y del sector privado. Entre ellas, se pueden destacar a los servicios educativos, de salud, de asistencia social y laboral.La tercera cuestión que, se planteó en esta norma, fue reglamentar la modernización administrativa basada en los conceptos de eficacia y eficiencia organizacional junto a una nueva regulación del servicio público de los empleados estatales. Esta concepción se basa en la incorporación de tecnologías organizacionales y en la administración de los recursos humanos basados en las experimentadas por las organizaciones de las empresas privadas en los años ochenta.Desde el año 2002 las mismas pierden relevancia en la agenda política y se busca reformular los roles del Estado Nacional en diversas competencias y fortalecer los aspectos referidos a la cuestión democrática y a la legitimidad del papel estatal. Entre ellas, se destacan la relación financiera y fiscal, junto a las transferencias de recursos, a las provincias y municipios. La reformulación en las políticas de los servicios públicos privatizados y en la regulación económica, financiera y laboral. Se destaca la reformulación del accionar estatal en materia de los derechos humanos y sociales.2.1.) La Reforma Estatal de 1989 a 1994.La política iniciada en 1989 se basó en las leyes de emergencia económica y de reforma estatal orientadas a cambiar los roles estatales y a resolver los problemas fiscales. Procuraron además reformular la cuestión de las competencias provinciales y sentaron las bases de la denominada modernización administrativa.
Además de las privatizaciones y concesiones de las empresas públicas, se descentralizaron los servicios educativos y de salud a las provincias, se procuró liquidar a empresas y entes privatizados y/o eliminados (muchos aún existentes como entes en liquidación), se centraron las bases de la resolución mediante bonos de la deuda interna, de la desregulación económica y de la reforma laboral. Esto requirió la sanción de numerosas leyes y decretos que reglamentaron estos ajustes de estructuras estatales, privatizaciones, y las reformas basadas en la modernización administrativa y las nuevas concepciones acerca de los monopolios estatales y de la concurrencia con el sector privado en las políticas sociales y en la tercerización de los servicios de apoyo a la administración central. Estas reformas requirieron la sanción de diversas leyes y decretos complementarios.
Los fundamentos de estas dos normas y de sus numerosas normas reglamentarias sentaron objetivos en los nuevos roles estatales, de las políticas públicas y de las reformas microorganizacionales aún presentes en el accionar estatal. Esto se complementa con los cambios entre las competencias de las provincias respecto a la Nación y en la asunción de nuevos roles en los ámbitos municipales.En 1993 se reforma el sistema de jubilaciones de reparto por uno mixto (Ley 24.241). En 1991 se habia creado la ANSeS que fusionó las excajas previsionales y la CASFEC que administraba el sistema de asignaciones familiares.En el plano organizacional, luego de reducción de la estructura piramidal del Poder Ejecutivo, se tercerizaron servicios de apoyo, se sancionaron las leyes de Procedimientos Administrativos y la de Administración Financiera y de los Sistemas de Control. Ello reformuló el sistema de contralor que ejercía el ex Tribunal de Cuentas. Se implementaron además, las transferencias y ventas de los bienes inmuebles estatales (Ley de Emergencia Gnómica, Ley 24.156 de Inmuebles y Decreto 1.247/2000). En esta etapa comenzaron a implementarse  las reformas de integración interjurisdiccionales consiste en la organización sistémica. Se crearon los sistemas nacionales de Seguridad Interior (1991) y el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (1994).
                     Si bien a esta fase de la Reforma Estatal se la caracteriza como la de las reformas de “primer generación” por la magnitud de las privatizaciones y concesiones de las ex empresas públicas y el ajuste de las estructuras de la administración, desde el inicio se diseño y comenzó a implementarse una relevante reforma institucional y de reforma administrativa basada en las concepciones neo-institucionalistas.
2.2.) Principales efectos de la Reforma Constitucional en la Organización EstatalEstablece modificaciones jurídicas en los niveles internacionales, entre los tres poderes, entre las competencias nacionales y provinciales y municipales y en la relación Estado y sociedad.En materia internacional fija la preeminencia de los pactos internacionales suscriptos por el país. Modifica la relación entre los tres poderes con mayores atribuciones al Poder Legislativo en materia de tratamiento de las leyes, restricción de los decretos de necesidad y urgencia, de funcionarios que requieren acuerdo legislativo para asumir sus funciones, de controles e informes sobre el Poder Ejecutivo, entre otros aspectos. Crea nuevos órganos extra poder como el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. Se otorga rango constitucional a la Auditoria General de la Nación y a la figura del Jefe de Gabinete de Ministros. El Consejo Nacional de la Magistratura tiende a modificar el sistema de selección de los jueces y de los mecanismos de sanción o destitución. Además se modifica el periodo del mandato del Presidente de la Nación y  de los diputados y senadores de la Nación. En cuanto a los senadores se prevé su elección directa por parte de los ciudadanos de las provincias.Establece mayores atribuciones y autonomía a los estados provinciales y municipales. Se transforma al Distrito Federal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aún espera ley reglamentaria la entrada en vigencia del nuevo Pacto Federal de Coparticipación de Impuestos.
En materia de relación Estado y sociedad se incorporan nuevos derechos como los que comprenden a los niños, los indígenas. Se establece el Derecho de Habeas Data, el de los usuarios y consumidores y se penalizan conductas discriminatorias. Se crean nuevas formas de participación política como el plebiscito, la consulta popular y la iniciativa en materia de leyes.
2.3.) segunda reforma y modernización administrativa 1996 a1999
                                                                     La Ley 24.629 denominada de Segunda Ley de Reforma del Estado sancionada en 1996 procuró reorganizar la estructura ministerial del Ejecutivo y fundamenta la aplicación de los programas organizacionales del sector de las empresas privadas y en el New Public Mangement. Establece una nueva reducción del personal permanente mediante la supresión de algunas áreas y el retiro voluntario. Formula la necesidad de modificar el Estatuto Jurídico Básico que regula la relación contractual laboral general de los empleados públicos y vigente desde la etapa de la “Dictadura Militar (1976-1983). Junto a esta reforma se establecía la reforma de gran parte de los sistemas de carrera existentes.

              En esta etapa se crearon en mayor medida los “Consejos Federales” entre la Nación y las provincias en políticas específicas. También, comenzaron a organizarse los “Registros” en diversas materias y a cargo del Estado Nacional. Se destacan la  Ley 25.197 del Registro del Patrimonio Cultural y Registro de la denominada “Firma Digital”. Se destaca además, la sanción, luego de largo debate parlamentario la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas. Ley 24.948 de 1998.

2.4.) tercera reforma del estado y modernización administrativa 1999 a2001         Esta etapa se caracteriza por la transición política y por la administración de la denominada “Alianza”. El año 1999, desde la perspectiva parlamentaria fue productivo en materia de reforma estatal. Se sancionó la Ley de 25.152 de Regulación de la Administración de los Recursos Públicos (Ley de Solvencia Fiscal). Esta norma marca un tercer momento en la reforma y/omodernización administrativa, tanto en materia de macro como microreforma. Establece como requisito el equilibrio fiscal y la creación del denominado Fondo Anticíclico conformado por fondos de los superávit fiscales. Un aspecto relevante de esta ley es la promulgación legal de los programas de modernización administrativa. También procura que estas reformas se apliquen en los estados provinciales. Durante el gobierno de la Alianza se tuvo que suspender el Fondo Antcíclico por la ley de emergencia, pero se procuró implementar los establecido en esta norma con la reglamentación primero con la Decisión Administrativa 123/2000  de Solvencia Fiscal y Calidad de la Gestión Pública y luego con el Decreto 113/2001 denominado “Plan de Modernización de la Administración Pública”. Estas normas fundamentaban la aplicación de programas como “gestión por resultados”, de “calidad de los servicios a ciudadanos”, “planeamiento estratégico” y “gobierno electrónico”, entre los más relevantes. Es interesante observar que estos programas comenzaron a implementarse desde 1991 y aún estan vigentes. Ello obedece a que los organismos multilaterales los consideran relevantes para transformar y eficientar a la administración pública.         Con la asunción del gobierno de la Alianza en 1999 se sanciona una nueva Ley de Ministerios (Ley 25.233) que aumenta su número. Se reglamenta el Decreto 1.229/00 Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de Infraestructura (2000). La cuestión de la corrupción se constituye un tema de agenda política y se crea la denominada “Oficina Anticorrupción”. También se sanciona la Ley 25.246 Unidad de Información Financiera (2000). En esta etapa son importantes la sanción de las leyes 25.326 de Protección de los Datos Personales (2000), 25.506 de Firma Digital (2001) y 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación ( 2001).         Un tema relevante lo constityó la sanción de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional (2001) y del Decreto 950/02 que reforma la estructura de los organismos de inteligencia nacional y crea el sistema de inteligencia exterior e interior. Su implantación es aún muy limitada. Esta norma requirió muchos años de debates parlamentarios.
       

Periodo 2002 -2005
Junto a la sanción de una nueva ley de emergencia se dicta el Decreto 357/2002 de modificación de la estructura ministerial y se crea el Consejo de Políticas Sociales. Si bien se mantienen legalmente los programas antes mencionados se establece que las universidades públicas tendrán prioridad en las actividades de consultoría contratadas eventualmente por el Estado. Esta medida fue ratificada por el gobierno que asumió en mayo del 2003.

3) Empleo Público 1986 a 2002         Desde el inicio de la democracia en 1983, se observaron numerosas transformaciones en materia del empleo público. Los ejes centrales de estas reformas consistieron en 1) permanentes despidos y congelamiento de vacantes desde los años 1986 al 2001. Ello se realizó mediante las privatizaciones, cierres de organismos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, etc., alo largo de todos estos años; 2) introducción de las modalidades de flexibilidad contractual a tiempo determinado para sustituir el empleo permanente del servicio público o crear estructuras “paralelas” vinculados a los nuevos elencos de conducción políticos; 3) introducción de los denominados “cargos críticos” a nivel de los tradicionales directores aplicando aspectos del “N.P.M.”; 4) creación de cuerpos de élite altamente remunerados como los Administradores Gubernamentales, los Economístas y Abogados del Estado; 5) congelamiento de las vacantes del personal permanente desde 1994 a la fecha.
         Los principales cambios normativos se produjeron entre los años 1985 al 2002 consistieron en la creación del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, durante el gobierno de R. Alfonsín, inspirado en el modelo francés con la finalidad de asistir a los elencos políticos frente a las “limitaciones laborales” de los empleados públicos. En 1991 se creó el denominado Sistema de Profesionalización Administrativa (SINAPA) que sustituyó al estatuto vigente desde 1973 y que comprendía a una pequeña parte de los empleados y profesionales del sector público nacional (un 10 %).  Luego se sancionó en 1993, la Ley de Convenio Colectivo del Sector Público. Esta norma, existente en pocos países, fue reglamentada en varias oportunidades, pero hasta la actualidad no ha aplicado ninguna claúsula importante, ya que las negociaciones tripartitas nunca se pudieron realizar. Este ejemplo muestra que las lógicas de los ajustes y del N.P.M. prevalecen en algunos casos con necesarias reformas vinculadas a la democratización al interior del Estado Nacional. Recién en 1999 se sancionó la Ley de Regulación del Empleo Público que elimina las prohibiciones en materia de derechos políticos y de conciencia de las personas que fueron implemetadas por el gobierno militar, introduce una serie de claúsulas que flexibilizan la relación contractual de los servidores públicos. Paralelamente, junto al permanente congelamiento de las plantas permanentes se comenzaron a aplicar desde 1995 una serie de contratos por tiempo determinado, que con modificaciones están vigentes en la actualidad. A esto se agrega la proliferación de consultores de los programas finaciados por los organismos multilaterales de crédito que nunca han sido incorporados por concursos de selección. Otras políticas referidas al empleo público se refieren a las limitaciones laborales y a nuevas obligaciones que afectan a los servidores públicos de carrera. Entre ellas se destacan: el congelamiento salarial; las incompatibilidades con ingresos jubilatorios, la superposición de cargos, el desempeño de otras tareas de índole privada, etc.; el congelamiento salarial y las eventuales reducciones desde el año 1991 al 2001; la equiparación de los beneficios laborales con los trabajadores privados; el aumento de las obligaciones patrimoniales, de los procedimientos administrativos y de las reglamentaciones de la Ley de Etica Pública.
         
ÍNDICE BASE DE DATOS DE REFORMA DEL ESTADO 1987-2004

A) POLÍTICAS MACRO DE REFORMA ESTATAL y AJUSTE FISCAL
·             La Ley de Emergencia Económica Ley 23.697
·             Ley 23.982 Deuda Pública. Consolidación en el Estado Nacional de obligaciones de pagar sumas de dinero devengadas hasta 1/4/91 reconocidas en sedes administrativas o Judicial. Modificación del decreto. 1757/90 (1991)
·             Ley 23.928/91 de Convertibilidad
·             Acuerdo MERCOSUR  1991
·             Decreto 2.284/91. de Desregulación Económica
·             El Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Ley 24.130 de 1992.
·             Ley 24.855 de Desarrollo Regional y Generación de Empleo 1997
·             Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial Decreto 1289/98
·             Decreto 1.284/99 Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. 1999.
·             Ley 24.855
·             Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial Decreto 1397/2001 Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP). Modificación del Decreto 1004/2001.
·             Ley de Emergencia Económica y Financiera 25.344 Octubre de 2000. Decreto Reglamentario 1.116/00
·             Ley 25.400. Ratificación del Acuerdo "Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal" 2000
·             Ley 25.453 de Déficit Cero. Julio de 2001
·             Decreto 896/2001 Reducción del Gasto Estatal
·             Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. 2002
·             Decreto 293/2002 proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos.
·             Ley 25.570 Ratificación del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. 2002




B)     REFORMA ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
B.1.) Primer Reforma del Estado

• Ley de Reforma del Estado Ley 23.696 (Primer Ley de Reforma del Estado)

• Creación de los Entes Reguladores y nuevas Regulaciones

• Decreto 435/90 de Necesidad y Urgencia sobre medidas de  Racionalización del Gasto Público. Marzo de 1990.

• Decreto 1757/1990 Comité de Racionalización del Gasto Público

• Decreto 1.757/90 de Necesidad y Urgencia. Emergencia Económica y Administrativa. Septiembre de 1990

• Decreto 2.476/90 Programa de Reforma Administrativa. Noviembre de 1990

• Decreto .883/91 Decreto Reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos. 1991

• Ley 24.049 Transferencia a las Provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires de Servicios Educativos. Diciembre de 1991

• Ley 24.059 de Seguridad Interior. 1991

• Decreto 2741/91 Creación de la Administración Nacional de la Seguridad Social

• Ley 24.241 - Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Sancionada en Septiembre de 1993

• Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Ley 24.156 1992

• Premio Nacional a la Calidad. Ley 24.127/ 1992

• La Administración de Bienes del Estado

• Ley 24.146 de Transferencia de Bienes del Poder Ejecutivo Nacional a favor de las Provincias y Municipios. 1992

• Transferencia de Inmuebles Decreto 1.247/2000

• Ley 24.354 Creación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. 1994

B.2.) Principales efectos de la Reforma Constitucional en la organización estatal

• Ley 24.309 Declaración de la necesidad de Reforma de la Constitución Nacional.       Diciembre 1993

o   Atribuciones del Jefe de Gabinete de Ministros. 1995
o   Defensoría del Pueblo
o   Auditoria General de la Nacióno   Ministerio Público

• Consejo de la Magistratura

B.3.) Segunda Reforma y Modernización Administrativa del Estado
 ·        Ley 24.629. Segunda Ley de Reforma del Estado.  Año 1996
·        Clasificación de Organismos Públicos 1996
·        Decreto 928/ 96 Sistema de Balance y Control
·        Ley 24.629. Presupuesto de la Administración Nacional. Reorganización Administrativa (1996)
·        Decreto 1.154/97 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
·        Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) Decr. 108/97, Decr. 925/97, Art.5. El  Gabinete social es disuelto mediante el Decr. 357/02, Art. 11 (B.O. 22-02-2002).
·        Gabinete Científico Tecnológico Decr. 1273/96
·        Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social[2]·        Decreto 1615/96 de creación de la Superintendencia de Servicios de Salud.
·        Decreto 1215/99 de Administración de Programas Especiales.
·        Decreto 1285/98 Consejo Federal de Desarrollo Social
·        Reestructuración de las Fuerzas Armadas. Ley 24.948. 1998.
·        Ley 25.197 Régimen del Registro del Patrimonio Cultural 1999

B.4.) Tercer Reforma del Estado y Modernización Administrativa·             Ley de 25.152 de Regulación de la Administración de los Recursos Públicos 1999 (Ley de Solvencia Fiscal)
·             Ley 25.233 de Ministerios 14 de Diciembre de 1999. Decreto Reglamentario 102/ diciembre 1999
·             Plan de Modernización de la Administración Pública Nacional
·             Decreto 1.229/00 Régimen para la Promoción de la Participación Privada en el Desarrollo de Infraestructura. 2000
·             Decreto 487/2000 Modifica la distribución del Presupuesto de la Administración Nacional.
·             Decr. 812/98. EL SINTyS se transfiere al Consejo Nacional de Coordinación de    Políticas  Sociales, por el Decr. 357/02 (B.O. 22-02-2002).
·             Decisión Administrativa 103/2000 Prorroga del plazo establecido por la Decisión Administrativa n° 11/2000, para la liquidación definitiva de diversos entes.
·             Decreto 103/01
·             Decreto 443/2000 Creación del Organismo Nacional de Administración de Bienes. Junio de 2000
·             Ley 25.246 Unidad de Información Financiera. 2000
·             Solvencia Fiscal y Calidad de la Gestión Pública Decisión Administrativa 123/2000
·             Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. 2000
·             Ley 25.506 de Firma Digital. 2001
·             Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación. 2001
·             Ley 25.520 de Inteligencia Nacional Noviembre de 2001. Decreto 950/02
·             Resolución 14/2002 Representación y Patrocinio del Estado Nacional
·             Decreto 357/2002 modificación de la estructura ministerial.







C)    EMPLEO PÚBLICO
·             Cuerpo de Administradores  Gubernamentales Decreto 2098/87
·             Reglamentación del Derecho de Huelga. Reglamentación del Derecho de Huelga. Decreto 2.184/90 sobre los Conflictos laborales en los Servicios Esenciales.
·             Decreto 1803/92.
·             Decreto 48/93
·             Sistema Nacional de la Profesionalización Administrativa (SINAPA). 1991
·             Ley 24.190 Ingreso al Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación. Diciembre de 1992
·             Ley 24.185 de Convenios Colectivos para Trabajadores del Estado
·             Primer Convenio Colectivo del Sector Público
·             Decreto Número 78/94
·             Decreto 402/99
·             Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Ley 25.164. Estatuto Jurídico Básico del Empleo Público. Sancionada en septiembre 1999.
·             Decreto Reglamentario de la Ley 25.164 de Regulación del Empleo Público Nacional. Decreto 1.421/2002
·             Decreto 467/99 Reglamento de Investigaciones Administrativas. Mayo de 1999
·             Decreto 92/95
·             Decreto Nacional 92/95 Contratación de Personal Especializado
·             Observado por el Decreto 1.184/01
·             Ley 25.188 de Ética de la Función Pública. 1999
·             Decreto 41/99 Código de Ética de la Función Pública. Enero de 1999
·             Decreto 164/99 Reglamentario de la Ley de Ética Pública Ley 25.188
·             Decreto 1019/2000 Prohibición de Reingreso a quienes se hubieran acogido al Sistema de Retiro Voluntario. Noviembre de 2000
·             Ley 25.362 Régimen de Jubilación Anticipada de Ex Agentes del Estado. 2000
·             Ley 25.320 Régimen de Inmunidades para Legisladores, Funcionarios y Magistrados. 2000
·             Decreto 896/2001 Reducción del Gasto Estatal
·             Decreto 106/2001
·             Decreto 894/2001 - Incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la percepción de remuneración por cargo en la función pública, concediendo al personal involucrado la posibilidad de optar por la percepción de uno de los citados emolumentos.
·             Decreto 23/2001 de Haberes
·             Decreto 172/2002 Establece la retribución que por todo concepto perciben los funcionarios que se desempeñen en cargos políticos.
·             Decreto 157/2002 de Remuneraciones modificatorio del Decreto 23/2001
·             Decreto 25/2002 Cese de Funciones Ejecutivas
·             Decreto Nacional 491/2002 de Necesidad y Urgencia de Control del PEN en las Designaciones del Personal de la Administración Pública Nacional
































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·             Poulantzas, Nicos “Poder Político y Clases Sociales”. Editorial Siglo XXI, México1982
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Fuentes:
Servicio de Información JurídicoBoletín OficialInfoleg
Centro de Documentación de INAP.

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[1] Fordismo: Régimen de acumulación, que se basa entre otros aspectos relevantes en: una organización del trabajo, que partiendo del taylorismo, lleva aún más lejos la parcelación de tareas, la mecanización de los procesos productivos y una separación completa entre concepción y ejecución. El proceso dinámico entre la producción y la demanda se opera principalmente en un espacio nacional (Boyer)[2]